Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara por unanimidad para que Facundo Jones Huala sea extraditado a Chile para ser juzgado por incendio y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal, su abogada, Sonia Ivanoff, dijo que “nos tomó por sorpresa la rapidez con la que se resolvió el caso, con relación al primer juicio que se había demorado once meses”.
La abogada de Facundo Jones Huala, la comodorense Sonia Ivanoff cuestionó que el fallo de la Corte se conoció primero por la prensa y ella tuvo la novedad en el sistema 45 minutos después, aunque recalcó que así se han venido dando las cosas, en una causa con ciertos condimentos. “Son irregularidades que hacen a la defensa en juicio”.
No obstante, reconoció que “es una desprolijidad bastante recurrente del Poder Judicial, informar antes a la prensa que a las partes”. Ivanoff en diálogo con Jornada señaló que la Corte es la última instancia de apelación. En el juicio de extradición se llega a una etapa administrativa en la que Cancillería debe informar a Chile que fue confirmada la sentencia que concede el pedido que se hizo.
Ahora es Chile el que deberá enviar una comisión a buscar a Jones Huala. Antes el presidente debe resolver si hace lugar a la petición del lonko de ser sometido a juicio en los tribunales argentinos por los delitos que lo requiere Chile. Al mismo tiempo Sonia Ivanoff manifestó que “es un escenario político muy complejo, en el que se ha construido un Derecho Penal de autor y enemigo del pueblo mapuche, y más en la figura de Jones Huala como un líder político de reivindicación de derechos”.
JUICIO PENDIENTE
La doctora Ivanoff recordó que está pendiente un juicio por usurpación, que tiene como querellante a la Compañía de Tierras del Sud Argentino (Grupo Benetton). Este proceso podría demorar la extradición porque “si tiene procesos en el país, no puede ser enviado automáticamente a Chile”.
En tanto, el 3 de septiembre habrá una audiencia en los Tribunales de Esquel por esta causa.
Advirtió Ivanoff que además de la defensa de Jones Huala, “se litiga contra un sistema más allá del Poder Judicial, en donde hay una incidencia política, y en este caso se lleva adelante una política judicial contra el pueblo mapuche”. Puntualizó que no hay un Plan B del Poder Ejecutivo para planificar las reivindicaciones históricas sobre los territorios que tradicionalmente ocuparon los pueblos mapuche. Hay una ley de relevamiento territorial “aplastada” porque no se la cumple aunque suspende los desalojos hasta 2021.
