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Juicio a Jones Huala en Chile: los jueces deberán decidir si las tareas de inteligencia son válidas como pruebas

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DIARIO ESQUEL SUR
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VALDIVIA, Chile.- Tras el paso de unos 20 testigos, entre víctimas y ex policías, durante el juicio oral contra Facundo Jones Huala por un ataque incendiario perpetrado en 2013 al fundo Pisu Pisué en la región de Los Ríos, la fiscalía se reserva para las jornadas finales un conjunto de indicios que anticipan la parte más polémica del proceso.

Se trata de seguimientos, escuchas telefónicas y de los testimonios de los agentes de inteligencia que investigaron al activista mapuche a partir de 2008, amparados en la Ley de Seguridad Interior del Estado chileno.

Los jueces del Tribunal Penal Oral de esta ciudad turística y agrícola-ganadera deberán resolver si toman en cuenta o descartan de plano ese material probatorio para emitir un veredicto. En ese punto medular parecería cifrarse la suerte del lonco.

La legislación trasandina le permite a la Policía —previa orden judicial emanada de una Corte de Apelaciones— investigar preventivamente a personas en situaciones excepcionales como son los presuntos actos de terrorismo o hechos graves que afecten a la seguridad interior del país. Aquí la violencia rural indígena entra dentro de esa amplia categoría. En todos los casos esas investigaciones están dirigidas por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), son reservadas y secretas y, según prevé la norma, pueden ser utilizadas como pruebas en un proceso criminal siempre que el Ministerio Público Fiscal las requiera y que la ANI autorice su divulgación parcial o total. Aunque en la mayoría de los casos se llega a conocer sólo una porción de esas investigaciones.

A ese cúmulo de polémica información acudirá el fiscal Sergio Fuentes Paredes para intentar probar que el lonco lideró el ataque contra aquel fundo en un contexto de reivindicación territorial delictual y de expansión del conflicto indígena desde la «zona roja», el área de Temuco, a la región de Los Ríos.

«Se exhibirán pruebas que no fueron ventiladas en otros juicios —adelanta Fuentes Paredes — y que tienen que ver con cómo nos enteramos sobre la llegada de Jones Huala a Chile. También se expondrá la información básica que entregó la Policía argentina sobre él a partir de su participación en conflictos en Villa La Angostura en 2009 y cuáles eran sus motivaciones, vinculaciones y movimientos en nuestro país. Según esa información, Jones Huala ingresaba por pasos clandestinos a Temuco para apoyar atentados y desde allí reclutó a un grupo de personas para propagar el conflicto mapuche hacía una región que hasta entonces no sufría ese tipo de atentados».

Mientras los investigadores policiales y los agentes de inteligencia convocados a prestar declaración explicarán cómo ellos concluyeron que Huala encabezó presuntamente el ataque, el viernes una perito del Departamento Central de Criminalística señaló que se hallaron dos perfiles genéticos en un par de botas identificadas por las víctimas como las usadas por el encapuchado que dirigió el ataque.

Esa prueba, no obstante, no pudo ser cotejada debido a la negativa de Jones Huala y de otros antiguos imputados a aportar muestras de su ADN.

«Si bien es cierto que en este juicio resultó imposible acceder a prueba directa en parte por esa misma negativa, creemos que ése es un indicio sólido que se suma a muchos otros más para vincularlo con el hecho», dijo Fuentes.

Por su parte, el defensor de Huala, Pablo Ortega, adelantó que impugnará toda esa prueba. «A nuestro entender aquí se aplica la doctrina del fruto del árbol envenenado».  «La ilicitud de toda esa prueba obtenida por la Agencia Nacional de Inteligencia mancha todo el proceso de raíz, incluso la misma extradición de Jones Huala ya que el pedido de extradición se basó en ella. Se trata de pesquisas violatorias del debido proceso con supuestas conclusiones sin control de las partes que realizó la policía política, que es la fuerza que se rige no por normas del Código Procesal Penal y de la Constitución, sino por normas de inteligencia que permiten realizar actividades claramente violatorias de los derechos de los ciudadanos. A nosotros como defensores nos asiste la razón jurídica: ya se ha debatido en los dos juicios anteriores este mismo punto y los jueces siempre descartaron esa prueba justamente porque no cumple con los requisitos legales del debido proceso».

«De todas maneras—continuó Ortega—, ese no es el núcleo central de nuestra defensa ya que creemos que no hay nada en este juicio que vincule de manera directa a Francisco Facundo Jones Huala con los hechos que aquí se le imputan. Ningún testigo lo ha señalado. ¿Qué Tribunal puede condenar a una persona sólo por un conjunto de indicios, cuyo origen, además, es violatorio de las garantías más elementales?».

A lo largo de los cuatro días de juicio, las víctimas del incendio identificaron prendas y armas utilizadas durante el ataque, secuestradas 15 días después en el domicilio de una machi, Millaray Huichalaf, que albergaba a Jones Huala. Según Ortega, esos elementos al no haber sido hallados en poder del lonco sino en un tercer domicilio, circunstancial y ajeno, no pueden atribuírsele.

Otro punto que cuestionó severamente el defensor fue el hecho de que las víctimas hubieran reconocido esas prendas y también armas luego de que la Policía les mostrara imágenes del material secuestrado. «En ninguna de sus declaraciones describieron previamente los elementos que luego reconocieron. Está claro que el reconocimiento que realizaron fue inducido», señaló el letrado.

Todo este debate, si bien ya fue parcialmente formulado durante las audiencias, formará parte de los alegatos finales. La fiscalía apuesta a que la prueba indirecta presentada sea suficiente para convencer a los jueces sobre la participación del dirigente mapuche en aquel ataque. En las antípodas, la defensa confía no sólo en la ausencia de solidez probatoria sino también en que los magistrados soslayarán, como ya ocurrió con otros imputados por el mismo hecho, elementos probatorios que violarían el debido proceso. Aunque la legislación chilena establece, como se dijo, que pueden usarse como prueba en un juicio ordinario.

Se espera que el martes o a más tardar el miércoles el Tribunal emita su veredicto sobre la inocencia o culpabilidad de Huala. Los jueces cuentan luego con hasta cinco días hábiles para dar a conocer la fundamentación del fallo, que se espera leerán la próxima semana.

Durante parte del proceso, Jones Huala que permanece detenido en el Penal de esta ciudad, recibió el respaldo de Marcelo Catrillanca, el padre del joven mapuche, Camilo Catrillanca, asesinado de un disparo en la nuca el 14 de noviembre por miembros del Grupo Especial de Operaciones de Carabineros instalado en Temuco. También asistió al juicio Héctor Llaitul, el líder de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), la organización sindicada en Chile de promover la violencia en la región de la Araucanía.

En tanto, los padres del lonco, María Isabel Huala y Ramón Jones, desde hace una semana están instalados en estada ciudad, al igual que su hermano, Fernando Jones Huala, su pareja, Andrea Millañanco y miembros del lof de Resistencia en Cushamen, donde murió el 1 de agosto de 2017 Santiago Maldonado.

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