La licuación de los pasivos en pesos posibilitada por la devaluación, la cancelación anticipada de un REPO con un grupo de bancos privados y el cierre de los mercados posibilitó el mes pasado una reducción de 30.000 millones de dólares en el stock de la deuda pública.
A raíz de ello, la deuda se ubicó apenas por encima de los 300.000 millones de dólares, detalló Ecolatina. Sin embargo, la consultora advirtió que otra de las consecuencias de la depreciación del peso fue un crecimiento del ratio deuda-PBI que trepó 10 puntos y superó el 90 por ciento.
Durante el año pasado, el stock de deuda pública nacional creció solo 3,5 por ciento (11.000 millones de dólares). Sin embargo, su cociente en relación al PBI, uno de los principales indicadores de la capacidad de repago que analizan los inversores financieros, se disparó, al pasar de 56,6 por ciento al cierre de 2017 a 86,2 por ciento a fines de 2018, debido a la fuerte devaluación del peso que durante el año pasado llevó el dólar de 18,76 a 38,83 pesos (107 por ciento), reduciendo significativamente el PBI en dólares del país.
En el primer semestre de 2019, por el superávit fiscal primario, que relajó las necesidades de financiamiento corriente, y también porque los mercados de crédito se mantuvieron cerrados para el país, el stock de deuda pública se incrementó apenas 5000 millones (+1,5 por ciento). “El cociente entre pasivos del Sector Público Nacional y PBI tampoco sufrió sobresaltos, y cerró la primera mitad del año en 80,7”, subrayó Ecolatina.
Sin embargo, la devaluación del peso que se produjo luego de las elecciones primarias quebró la estabilidad y la deuda pública superó el 90 por ciento del PBI. “Esta nueva crisis cambiaria y financiera deterioró sensiblemente la posición de liquidez y solvencia del Sector Público Nacional, jaqueando el cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos asumidos, especialmente de aquellos en moneda extranjera. Al momento, esto ya se materializó en el reperfilamiento de las letras del Tesoro con inversores institucionales”, remarco Ecolatina en su informe, donde además remarcó que la situación está lejos de haberse estabilizado.
El reperfilamiento solo tiene un efecto transitorio –se patearon los vencimientos a la próxima gestión- y no se solucionó el problema estructural: el sector público no genera los recursos suficientes para cancelar sus pasivos ni tiene acceso al crédito en dólares que le permita refinanciar los existentes.
Los vencimientos de capital para 2020 son por 45.000 millones de dólares, un monto que luce difícil de cubrir sin acceso al financiamiento internacional. Una porción importante de estos pagos es intra sector público, de modo que se podrán extender aun cuando los mercados de crédito persistan cerrados, pero el verdadero desafío será sortear las obligaciones con privados y organismos financieros internacionales. Y el escenario que queda por delante es complejo incluso más allá de 2020.
De hecho, entre 2022 y 2023 deberán devolverse casi 40.000 millones de dólares al FMI aunque no se concreten nuevos desembolsos (y 45.000 si estos llegan). Además, hay vencimientos en bonos por un monto mayor.
Dado que el superávit fiscal no permitiría conseguir estos fondos, deberán extenderse de manera conjunta los plazos de pago con el organismo multilateral, quien suele pedir reformas estructurales a cambio de estas flexibilizaciones.
Ecolatina sostiene que además debería haber una negociación exitosa con los acreedores privados. “Algo complejo al considerar el grado de atomización de éstos y las diferencias entre sus activos: bonos bajo legislación local o internacional, con o sin cláusulas de acción colectiva, etc.”, advierte.
Por último, el informe remarca que “deberán alinearse varios planetas para que nuestro país pueda honrar sus deudas en tiempo y forma. De lo contrario, una nueva reestructuración será inevitable, esta vez probablemente con quita de capital e intereses”.
