Este martes cerca del mediodía, el diputado de Cambiemos pidió ser incluido como querellante en la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal en Trelew, cuestión que deberá ser resuelta en una audiencia. Conde cuestiona la postura de Fiscalía que propone la suspensión del juicio a prueba a los empresarios acusados por el presunto pago de coimas a funcionarios.
Este martes, el presidente del Bloque Cambiemos, Eduardo Conde, mantuvo un encuentro con las partes querellantes y los fiscales de la causa “Revelación” donde hizo expreso su decisión de ser querellante en la causa.
“A mí entender sería un escándalo la suspensión del juicio a los empresarios, no solo desde el punto político institucional sino también jurídico. Me presento como damnificado invocando la norma 103 del Código Procesal Penal que tiene fundamento en el artículo 57 de la Constitución Provincial, respecto a la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda concurrir al proceso en representación a los llamados intereses colectivos. En mi caso dan cuenta en la situación vinculada al perjuicio del erario público que estas conductas antisociales han provocado en la ciudadanía”, comentó el legislador quien aclaró que la iniciativa es personal.
Respecto a la propuesta de los empresarios de pagar con obras comunitarias el presunto delito, Conde indicó que “no hay ninguna reparación económica que pueda saldar el daño moral que la corrupción le ha causado a la provincia y a la política. En consecuencia, no creo que haya ningún argumento que pueda sortear la valla infranqueable de que debemos llegar a una sentencia condenatoria porque la sociedad necesita sanar los males perversos de la corrupción. En lo personal, no es factible el camino de la reparación como una alternativa de solución”.
“Les expliqué a los fiscales que mi posición tiene que ver con una cuestión de principios. Más allá de las dificultades del proceso judicial, de las dificultades vinculadas a la falta de recursos económicos y humanos, esta causa tiene una significación político institucional enorme. Es una primera señal de reivindicación del Poder Judicial con la ciudadanía”, explicó.
En Fiscalía añadió que “por ello no hay ningún argumento para posibilitar eximir de responsabilidad penal a nadie. Todos deben ser sometidos al juicio oral y público para que, con la ciudadanía de testigo, arribemos a una sentencia condenatoria que finalmente nos permita pensar en una nueva realidad en la política del Chubut”.
Si bien los fiscales respetaron su postura, entienden que el camino de la aprobation ya está en curso, y en la audiencia del próximo jueves avanzarán con esta definición. No obstante, el juez deberá resolver si acepta o no al diputado como querellante.
